Hasta septiembre del 2018, ya suman 320 denuncias (217 tentativas y 103 feminicidios).

En los últimos 5 años, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recogió 1608 denuncias de violencia feminicida y tentativas.
Desde que fue adolescente, Regina Espinoza siempre soñó que, al casarse, en su hogar reinaría el amor, el respeto y la solidaridad. Por eso, cuando se casó, se sintió la mujer más feliz del mundo sin presagiar que años después, esa felicidad se convertiría en infierno.
“Mi esposo se dedicó a beber y eso originó peleas. Empezó a insultarme, luego a empujarme y jalarme los cabellos, hasta que un día me metió un manazo y quiso ahorcarme. Para defenderme yo cogí un cuchillo. No lo denuncié por temor. Durante diez años viví este calvario”, comentó.
Al igual que Regina, el 76 % de las víctimas de violencia en el país no denuncia y las que se atreven no logran que se les haga justicia. En el Poder Judicial, el 48 % de los agresores no ha sido sentenciado.
Para frenar la ola de violencia que sufren las mujeres, los gobiernos de turno han aprobado una serie de medidas. La última se dio el 2017 a través de la Ley 30710, que amplía la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves contra mujeres. A pesar de esto, los agresores parecen no intimidarse. Hasta septiembre del 2018, ya suman 320 denuncias (217 tentativas y 103 feminicidios), y todo parece indicar que las cifras continuarán aumentando.
Si las mayores penas no están dando resultados ¿qué viene fallando? Según la doctora Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, aún los operadores de justicia se resisten a calificar correctamente el delito. Muchos confunden el feminicidio como asesinatos o lesiones.
Otra razón es la falta de diligencia para juzgar y sentenciar a los agresores.

Machismo

Los agresores de mujeres generalmente sufrieron violencia de niños y fueron criados con una cultura machista. Cambiar esto demanda del Ministerio de Educación promover la igualdad y el respeto entre mujeres y varones, sostiene Blanca Fernández, directora interina de Flora Tristán. Y para ello, agrega, se debe mejorar el presupuesto de este sector.
Sostiene, además, que es necesario potenciar el trabajo de prevención a través de mayor publicidad del MIMP, para que así las mujeres conozcan sus derechos y sepan dónde acudir o llamar en caso de agresión. “La idea es que esta también llegue a las áreas marginales y rurales y no solo se quede en la ciudad”.
La doctora Revollar afirma que en este compromiso también deben unirse los empresarios, los gremios, entre otros; porque la violencia hacia la mujer es un problema estructural, que no distingue a nadie.
En el 2003 Regina Espinoza llegó al Centro de Ayuda de la CCES, donde su esposo ya acudía, empujado por los remordimientos.
“En este lugar, él dejó de ser violento y yo aprendí a perdonarlo”.